Aprueban cupo trans para la administración pública en Alberti

El municipio gobernador por el peronista Germán Lago adhirió a la ley "Diana Sacayan". El Concejo Deliberante alertino lo aprobó y la decisión fue celebrada por grupos LGBT.




El municipio de Alberti adhirió a la ley provincial de cupo trans para la administración pública y se convirtió en el séptimo distrito en cumplir con la norma.

Se trata de la ley 14.783, que promueve en su artículo 1 que los puestos en el sector público de la provincia sean destinados "en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero". La norma, alcanza a las municipalidades.

La adhesión de Alberti a la normativa, conocida como "ley Diana Sacayán", fue sellada en la última sesión ordinaria de su organismo legislativo y celebrada por grupos LGBT.

La inclusión laboral es uno de los reclamos más urgentes de los colectivos travestis y trans y LGBTIQ+. A partir de la sanción de la Ley en la provincia de Buenos Aires, distintos municipios y provincias sancionaron reglamentaciones para destinar puestos de la administración pública a personas travestis, trans y transgénero, y alentar al sector privado a seguir la misma línea.

Diana Sacayán era líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bixesuales y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación.  Fue asesinada en mayo de 2015 y su homicida, un hombre de 25 años de edad, fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por odio de género y violencia, en la primera condena por un travesticidio, por el crimen de Diana Sacayán.

La activista tenía 39 años y había coronado más de dos décadas de militancia social consiguiendo la sanción de la ley bonaerense de cupo laboral para ese colectivo, que se conoce por su nombre y es única por sus características a nivel mundial, cuando fue asesinada en octubre de 2015 de 13 puñaladas.

Otros hitos en la biografía de esta tucumana, que sólo pudo superar en cuatro años la expectativa de vida promedio para el colectivo, fueron ser ternada como Defensora del Pueblo en 2012 y electa secretaria mundial alterna trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), en 2014, cargo que ejercía al momento de su asesinato.

Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975 en el seno de un hogar de 15 hermanos marcado por la pobreza, que hizo que la familia se mudase a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere cuando ella todavía era una niña.

Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió su identidad trans a los 17 años y desde su adolescencia supo de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba al travestismo.

En 2001 creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas LGBTI.

En 2012 Sacayán se convirtió en la primera persona trans en postularse como Defensora del Pueblo -en este caso del Partido de La Matanza-, logrando integrar la terna final que fue sometida a la votación de la Legislatura, donde obtuvo un significativo número de votos.

También integró El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que impulsó la sanción de esta norma única en el mundo porque no supone requisito médico, jurídico o administrativo alguno para el cambio de nombre en el DNI y la partida de nacimiento.

Además formó parte del Programa de Diversidad Sexual del Inadi y en 2014 fue elegida por dos años como secretaria alterna trans de ILGA.

Una de las banderas más importantes de su activismo fue el acceso al trabajo para las personas trans.

En ese camino su mayor logro fue que el proyecto de cupo laboral que ella misma redactó y presentó en tres oportunidades en la Legislatura bonaerense -que pasó a la historia como la Ley Diana Sacayán- fuera finalmente aprobado el 17 de septiembre de 2015, menos de un mes antes de su asesinato.

La norma estableció que al menos el 1% de los puestos de trabajo del sector público deben estar ocupados por “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.