INSEGURIDAD VIAL
Desde Luján a Laboulaye, un solo reclamo: Autovía en la ruta 7
El recurso de amparo presentado por la diputada nacional Laura Esper reavivó la esperanza de muchos grupos de vecinos autoconvocados de distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
A la intensa actividad que vienen desarrollando desde casi dos años vecinos autoconvocados de Chacabuco que se han movilizado tras la tragedia que acabo la vida de varios jóvenes en un trágico accidente ocurrido en noviembre de 2013 en proximidades de dicha ciudad, en la ruta nacional 7, se suma ahora otro grupo que está realizando gestiones en idéntico sentido en la zona de Labpulaye, provincia de Córdoba: Autovía en la ruta nacional 7.
Desde esta ciudad,, al sur de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Roque Saenz Peña, se está trabajando en sintonía con otros argentinos que reclaman esta urgente y sentida necesidad en la ruta nacional Nº 7 " Carretera Libertador General San Martín" que tiene la particularidad de ser bioceánica, comunica el Pacífico con el Atlántico, atraviesa cinco provincias argentinas -Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- permite el intercambio comercial y turístico con cuatro países: Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile.
Qué es la ruta 7
Tiene aproximadamente 1225 km de longitud, tienen autopista la provincia de San Luis y Mendoza en su totalidad, Buenos Aires sólo en el ingreso a Capital Federal (65 km autopista Lujan - CABA).
El tramo medio de la RN7, que atraviesa la zona centro del país, donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas e industriales más importante del país no tiene autopista.
El tráfico de camiones a la par de autos y motos es incesante, mucho más en época de turismo. En invierno hacia Mendoza, en verano hacia la costa y en todas las estaciones hacia Córdoba y San Luis. El tramo de la provincia de Santa Fe es inevitable si se quiere ir a Uruguay, Brasil y Paraguay, es parte fundamental del enlace vial del MERCOSUR.
"Esta ruta se ha cobrado muchas vidas en siniestros viales, se ha llevado familias completas y seguirá llevándose aún más si no se hace nada!!!!!!" es la petición que vienen formulando desde esta región y que cada fin de semana largo varios habitantes se reúnen y distribuyen volantes en la ruta y acceso a Laboulaye.
"Por favor incluyan esta petición en su agenda 2015. Que el tema sea tratado con la responsabilidad y compromiso que todos los ciudadanos nos merecemos. Por la vida. Autopista Ya", es la petición que dirigen a los legisladores tanto nacionales como provinciales y autoridades y funcionarios de distintos estamentos de gobierno.
Amparo
La diputada nacional Laura Esper presentó un recurso de amparo solicitando se intime al Poder Ejecutivo Nacional a que de comienzo con la ejecución de las obras para construir la Autovía sobre la Ruta 7. El amparo fue presentado en el Juzgado Federal de Junín, y se basa en el pedido para que, en un plazo no mayor a 60 días, se empiecen las obras de la Autovía sobre la Ruta Nacional N° 7 en los tramos Chacabuco – Junín (Km. 219 – Km. 258,70), San Andrés de Giles - Carmen de Areco (Km. 106,50 – Km. 139,20), y Fin de Variante San Andrés de Giles (Km. 98, 50 – Km. 106,50), y proceda a llamar a licitación pública para construir la Autovía en el extenso tramo Carmen de Areco – Chacabuco (Km. 139,20 – 219) excluido de la licitación inicial.
En la extensa presentación se destaca la enorme cantidad de personas fallecidas en los últimos años como consecuencia de hechos de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 7, exponiendo la necesidad de contar de manera urgente con la Autovía. En ese sentido se explica que "el intenso tránsito que posee la ruta en algunos tramos, requiere de la urgente intervención del Estado para adecuarla a las necesidades actuales, convirtiéndola en ”, y “en particular en aquellos tramos que, por la tasa de accidentes viales, son considerados los más peligrosos del trazado de la ruta, como es el caso del tramo San Andrés de Giles – Junín", donde en lo que va del año ya han perdido la vida más de 13 personas.
En el escrito se recuerda que las obras para construir la Autovía en los tramos licitados ya están adjudicadas, que hay un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación de más de $44 millones previsto para el año 2015 que el Jefe de Gabinete tiene la facultad de ampliar, y que desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya se reclamó en el año 2014 al Poder Ejecutivo para que comience con la ejecución de las obras.
Se destaca también el permanente reclamo de los vecinos Autoconvocados por la Autovía que insisten con el pedido de la urgente concreción de las obras, que fueran declaradas de interés público nacional en el año 2007 por el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner.
En ese sentido, la Diputada afirma que "no existe obstáculo o impedimento alguno que justifique la demora en el comienzo de las obras, a no ser el desinterés del propio Estado por llevarlas a cabo".
Agregando que “diferir sin motivo el comienzo de ejecución de una obra prevista por la ley, presupuestada, adjudicada y declarada su realización de interés público nacional, provoca un daño irreparable traducido en muertes y lesionados, privándonos a los usuarios afectados por la omisión, del derecho a transitar en esos tramos sin tener que estar expuestos al riesgo inminente de perder la vida o terminar lesionados".
Desde Luján a Laboulaye, un solo reclamo: Autovía en la ruta 7
El recurso de amparo presentado por la diputada nacional Laura Esper reavivó la esperanza de muchos grupos de vecinos autoconvocados de distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
A la intensa actividad que vienen desarrollando desde casi dos años vecinos autoconvocados de Chacabuco que se han movilizado tras la tragedia que acabo la vida de varios jóvenes en un trágico accidente ocurrido en noviembre de 2013 en proximidades de dicha ciudad, en la ruta nacional 7, se suma ahora otro grupo que está realizando gestiones en idéntico sentido en la zona de Labpulaye, provincia de Córdoba: Autovía en la ruta nacional 7.
Desde esta ciudad,, al sur de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Roque Saenz Peña, se está trabajando en sintonía con otros argentinos que reclaman esta urgente y sentida necesidad en la ruta nacional Nº 7 " Carretera Libertador General San Martín" que tiene la particularidad de ser bioceánica, comunica el Pacífico con el Atlántico, atraviesa cinco provincias argentinas -Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- permite el intercambio comercial y turístico con cuatro países: Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile.
Qué es la ruta 7
Tiene aproximadamente 1225 km de longitud, tienen autopista la provincia de San Luis y Mendoza en su totalidad, Buenos Aires sólo en el ingreso a Capital Federal (65 km autopista Lujan - CABA).
El tramo medio de la RN7, que atraviesa la zona centro del país, donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas e industriales más importante del país no tiene autopista.
El tráfico de camiones a la par de autos y motos es incesante, mucho más en época de turismo. En invierno hacia Mendoza, en verano hacia la costa y en todas las estaciones hacia Córdoba y San Luis. El tramo de la provincia de Santa Fe es inevitable si se quiere ir a Uruguay, Brasil y Paraguay, es parte fundamental del enlace vial del MERCOSUR.
"Esta ruta se ha cobrado muchas vidas en siniestros viales, se ha llevado familias completas y seguirá llevándose aún más si no se hace nada!!!!!!" es la petición que vienen formulando desde esta región y que cada fin de semana largo varios habitantes se reúnen y distribuyen volantes en la ruta y acceso a Laboulaye.
"Por favor incluyan esta petición en su agenda 2015. Que el tema sea tratado con la responsabilidad y compromiso que todos los ciudadanos nos merecemos. Por la vida. Autopista Ya", es la petición que dirigen a los legisladores tanto nacionales como provinciales y autoridades y funcionarios de distintos estamentos de gobierno.
Amparo
La diputada nacional Laura Esper presentó un recurso de amparo solicitando se intime al Poder Ejecutivo Nacional a que de comienzo con la ejecución de las obras para construir la Autovía sobre la Ruta 7. El amparo fue presentado en el Juzgado Federal de Junín, y se basa en el pedido para que, en un plazo no mayor a 60 días, se empiecen las obras de la Autovía sobre la Ruta Nacional N° 7 en los tramos Chacabuco – Junín (Km. 219 – Km. 258,70), San Andrés de Giles - Carmen de Areco (Km. 106,50 – Km. 139,20), y Fin de Variante San Andrés de Giles (Km. 98, 50 – Km. 106,50), y proceda a llamar a licitación pública para construir la Autovía en el extenso tramo Carmen de Areco – Chacabuco (Km. 139,20 – 219) excluido de la licitación inicial.
En la extensa presentación se destaca la enorme cantidad de personas fallecidas en los últimos años como consecuencia de hechos de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 7, exponiendo la necesidad de contar de manera urgente con la Autovía. En ese sentido se explica que "el intenso tránsito que posee la ruta en algunos tramos, requiere de la urgente intervención del Estado para adecuarla a las necesidades actuales, convirtiéndola en ”, y “en particular en aquellos tramos que, por la tasa de accidentes viales, son considerados los más peligrosos del trazado de la ruta, como es el caso del tramo San Andrés de Giles – Junín", donde en lo que va del año ya han perdido la vida más de 13 personas.
En el escrito se recuerda que las obras para construir la Autovía en los tramos licitados ya están adjudicadas, que hay un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación de más de $44 millones previsto para el año 2015 que el Jefe de Gabinete tiene la facultad de ampliar, y que desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya se reclamó en el año 2014 al Poder Ejecutivo para que comience con la ejecución de las obras.
Se destaca también el permanente reclamo de los vecinos Autoconvocados por la Autovía que insisten con el pedido de la urgente concreción de las obras, que fueran declaradas de interés público nacional en el año 2007 por el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner.
En ese sentido, la Diputada afirma que "no existe obstáculo o impedimento alguno que justifique la demora en el comienzo de las obras, a no ser el desinterés del propio Estado por llevarlas a cabo".
Agregando que “diferir sin motivo el comienzo de ejecución de una obra prevista por la ley, presupuestada, adjudicada y declarada su realización de interés público nacional, provoca un daño irreparable traducido en muertes y lesionados, privándonos a los usuarios afectados por la omisión, del derecho a transitar en esos tramos sin tener que estar expuestos al riesgo inminente de perder la vida o terminar lesionados".
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